jueves, 18 de mayo de 2017

CASACION LABORAL 9133-2015 AREQUIPA, VIA PROCEDIMENTAL PARA DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE CESES COLECTIVOS



SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
CASACIÓN LABORAL Nº 9133-2015, AREQUIPA

Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis
VISTA; la causa número nueve mil ciento treinta y tres, guion dos mil quince, guion AREQUIPA, en audiencia pública de la fecha; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo con adhesión de los señores jueces supremos: Yrivarren Fallaque, Chaves Zapater y De la Rosa Bedriñana; con el voto en minoríadel señor juez supremo: Arias Lazarte; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Florentino Pacheco Canahuire, mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil quince, contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de mayo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos seis a trescientos trece, que revocó la Sentencia apelada de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y siete a doscientos sesenta y cuatro, que declaró fundada en parte la demanda; y reformándo declaró la incompetencia por razón de la materia y nulo todo lo actuado; en el proceso seguido con las codemandadas, Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) y otro, sobre indemnización por daños y perjuicios.
CAUSAL DEL RECURSO:
El recurso de casación interpuesto por el demandante se declaró procedente mediante Resolución de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, que corre en fojas cincuenta y ocho a sesenta y uno, del cuaderno de casación, por la causal, de infracción normativa del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto.
CONSIDERANDO:
Primero: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas cincuenta y cinco a setenta, el actor solicita el pago de una indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, por la suma trescientos cincuenta y un mil setecientos setenta y tres con 20/100 nuevos soles (S/.351,773.20), por los siguientes conceptos: daño lucro cesante por las remuneraciones dejadas de percibir por el período entre el doce de octubre de dos mil cuatro hasta el dos de noviembre de dos mil diez; y por daño moral ocasionado al no percibir sus remuneraciones y haberse encontrado en una situación de pobreza durante el período reclamado.
SegundoEl Juez del Juzgado de Trabajo de Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante Sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, declaró fundada en parte la demanda, al considerar que se ha configurado los elementos de la responsabilidad civil. Es así, que se corrobora el elemento de antijuricidad, pues el actor ha obtenido a su favor una sentencia en el proceso de acción de cumplimiento, recaído en el expediente N° 5824-2006, en donde ordenó su reincorporación, situación que evidencia que la conducta del demandado no se ajustaba a derecho; Además, de los elementos de nexo causal y factores de atribución; concluyendo, que corresponde amparar el daño lucro cesante.
Tercero: El Colegiado de la Primera Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior de Justicia, mediante Sentencia de Vista de fecha ocho de mayo de dos mil quince, revocó la sentencia emitida en primera instancia, y reformando declaró la incompetencia por razón de materia de los órganos jurisdiccionales de la especialidad laboral para el conocimiento de las pretensiones demandadas; nulo lo actuado; y dispuso la remisión de los autos al Juzgado Civil que corresponda a través del Centro de Distribución General a efectos de su redistribución, argumentando que los juzgados de trabajo resultan incompetentes para conocer las pretensiones que versen sobre responsabilidad extracontractual, como ocurre en el caso de autos.
Cuarto: La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación. Además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.
Quinto: La causal declarada procedente, esta referida a la infracción normativa del artículo II del Título Preliminar, el cual señala:
 “Artículo II.- Ámbito de la justicia laboral
Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios”.

Asimismo, resulta pertinente citar, el literal b) del inciso 1) del artículo 2° del cuerpo normativo, citado precedentemente:
Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo
Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos:
1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.
Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las pretensiones relacionadas a los siguientes:
(…)
b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio”.

Sexto: Para efectos de analizar la causal declarada procedente, se debe tener presente que el tema en controversia, conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de mérito, está relacionado a la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo, al amparo de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, si los Juzgados, en mención, son competentes para conocer pretensiones que versen sobre indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual; o por el contrario, deben ventilarse en vía de un proceso civil, como ha determinado el Colegiado Superior al revocar la Sentencia emitida en primera instancia, y reformando declarar la incompetencia y nulo todo lo actuado.
Séptimo: Al respecto, la competencia significa distribuir y atribuir la jurisdicción entre diversos jueces. La jurisdicción es aquella facultad de administrar justicia, mientras que la competencia es la capacidad de ejercitar dicha función jurisdiccional en los conflictos ya determinados. En la medida de la competencia que posean, los Jueces ejercen su jurisdicción[1]. A través, del principio perpetuatio juirsdictionis, la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho existente en el momento de ser admitida la demanda, sin que ninguna modificación pueda afectarla, de conformidad con el artículo 8° del Código Procesal Civil. Otros, principios importantes en torno a la competencia, son el principio de legalidad (sujeción a las normas) e irrunciabilidad (no admite renuncia o modificación).
Al respecto, la competencia se determina en casos concretos, teniendo en cuenta, el territorio, materia, función y cuantía, los cuales son improrrogables, salvo el caso del territorio.
Sobre el particular, la competencia por materia,  se determina por la naturaleza de la pretensión, tanto del derecho subjetivo y objetivo que se pretende en el proceso, a través de la demanda, así como de las disposiciones legales que la regulan. El fundamento de este tipo de competencia radica en la necesidad de que sean jueces versados en determinada rama del derecho quienes resuelvan cuestiones en las que se exige una preparación adecuada y suficiente. Aunado a ello, se debe indicar que tiene carácter absoluto y no puede ser objeto de variación por las partes.
OctavoSiguiendo esa premisa, la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal Laboral del Trabajo, ha sido expresa y enfática en determinar en su artículo II del Título Preliminar, que el ámbito de justicia laboral, esta circunscrita a los conflictos jurídicos derivados de una relación de trabajo, sea de carácter laboral, formativa, cooperativista o administrativa.
Es así, que en el inciso 1) del artículo 2° del mismo cuerpo normativa, se establece los juzgados especializados de trabajo conocen en proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.
Noveno: Sobre el particular, se debe precisar que en el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, llevado a cabo los días cuatro y catorce de mayo de dos mil doce, en el literal a) de su Tema N° 02 se acordó lo siguiente:
“Los Jueces que ejercen competencia en el marco de la Ley Procesal del Trabajo número 26636 y en la Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497, conocerán de las demandas de daños y perjuicios por responsabilidad contractual tanto por daño patrimonial, que abarca el lucro cesante y daño emergente, como por daño moral (…)”.
Décimo: En el caso concreto, el demandante cesó en febrero de mil novecientos noventa y tres, objeto de un cese irregular, infracción que fue reconocida mediante Resolución Suprema N° 034-2004-TR, publicada en el diario oficial “El Peruano” el dos de octubre de dos mil cuatro, que aprobó la Lista de ex trabajadores que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente.  Siendo reincorporado el dos de noviembre de dos mil diez, mediante una acción de cumplimiento, de acuerdo a lo expuesto en el escrito de demanda, que corre en fojas que corre en fojas cincuenta y cinco a setenta. Asimismo, se debe precisar que el demandante fundamenta su pretensión, entre otros, bajo el argumento: “(…) No se me reincorporó en mi puesto de trabajo en su debido momento, (…) Se me ha asumido en una profunda preocupación al encontrarme sin un trabajo fijo y permanente, pese a que la ley me lo había concedido y había reconocido mi derecho a ser reincorporado”.
Siendo así, es evidente que la pretensión del demandante sobre indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, más aún, si lo expresa así, en su escrito de demanda. Aunado a ello, se debe precisar que conforme al artículo 12° de la Ley N° 27803, Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, modificado por la Ley N° 28299, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el veintidós de julio de dos mil cuatro, estableció que a efectos de la reincorporación prevista en la Ley N° 27803, esta deberá entenderse como un nuevo vínculo laboral generado ya sea mediante contratación bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada o nombramiento dentro del Régimen Laboral del Servidor Público.
Décimo Primero: De lo anotado, se concluye que la pretensión postulada en el proceso, no es encuentra dentro del ámbito de la justicia laboral; por lo tanto no puede ser objeto de conocimiento de los juzgados especializados de trabajo, debiendo remitirse a la vía del proceso civil, a fin de que se sustancie dicha controversia de acuerdo a las reglas establecidas para dicho proceso.
Décimo Segundo: Por los fundamentos expuestos, se evidencia que el Colegiado Superior no ha infraccionado el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; en consecuencia, corresponde declarar infundada la causal declarada procedente.
Por estas consideraciones:
DECISIÓN:
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante Florentino Pacheco Canahuire, mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil quince; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha ocho de mayo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos seis a trescientos trece; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con las codemandadas, Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) y otro, sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron.
S.S.
YRIVARREN FALLAQUE
CHAVES ZAPATER
DE LA ROSA BEDRIÑANA
MALCA GUAYLUPO
Jmrp

EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO, ARIAS LAZARTE, ES COMO SIGUE:

MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Florentino Pacheco Canahuire, mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil quince, contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de mayo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos seis a trescientos trece, que revocó la Sentencia apelada de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y siete a doscientos sesenta y cuatro, que declaró fundada en parte la demanda; y reformándo declaró la incompetencia por razón de la materia y nulo todo lo actuado; en el proceso seguido con las codemandadas, Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) y otro, sobre indemnización por daños y perjuicios.
CAUSAL DEL RECURSO:
El recurso de casación interpuesto por el demandante se declaró procedente mediante Resolución de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, que corre en fojas cincuenta y ocho a sesenta y uno, del cuaderno de casación, por la causal, de infracción normativa del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto.
CONSIDERANDO:
Primero: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas cincuenta y cinco a setenta, el actor solicita el pago de una indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, por la suma trescientos cincuenta y un mil setecientos setenta y tres con 20/100 nuevos soles (S/. 351,773.20), por los siguientes conceptos: daño lucro cesante por las remuneraciones dejadas de percibir por el período entre el doce de octubre de dos mil cuatro hasta el dos de noviembre de dos mil diez; y por daño moral ocasionado al no percibir sus remuneraciones y haberse encontrado en una situación de pobreza durante el período reclamado.
Segundo: El Juez del Juzgado de Trabajo de Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante Sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, declaró fundada en parte la demanda, al considerar que se ha configurado los elementos de la responsabilidad civil. Es así, que se corrobora el elemento de antijuricidad, pues el actor ha obtenido a su favor una sentencia en el proceso de acción de cumplimiento, recaído en el expediente N° 5824-2006, en donde ordenó su reincorporación, situación que evidencia que la conducta del demandado no se ajustaba a derecho; Además, de los elementos de nexo causal y factores de atribución; concluyendo, que corresponde amparar el daño lucro cesante.
Tercero: El Colegiado de la Primera Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior de Justicia, mediante Sentencia de Vista de fecha ocho de mayo de dos mil quince, revocó la sentencia emitida en primera instancia, y reformando declaró la incompetencia por razón de materia de los órganos jurisdiccionales de la especialidad laboral para el conocimiento de las pretensiones demandadas; nulo lo actuado; y dispuso la remisión de los autos al Juzgado Civil que corresponda a través del Centro de Distribución General a efectos de su redistribución, argumentando que los juzgados de trabajo resultan incompetentes para conocer las pretensiones que versen sobre responsabilidad extracontractual, como ocurre en el caso de autos.
Cuarto: La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación. Además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.
Quinto: La causal declarada procedente, esta referida a la infracción normativa del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29497, el cual señala:
Artículo II.- Ámbito de la justicia laboral
Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios”.

Asimismo, resulta pertinente citar, el literal b) del inciso 1) del artículo 2° del cuerpo normativo, citado precedentemente:
“Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo
Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos:
1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.
Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las pretensiones relacionadas a los siguientes:
(…)
b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio”.

SextoPara efectos de analizar la causal declarada procedente, se debe tener presente que el tema en controversia, conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de mérito, está relacionado a la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo, al amparo de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Séptimo: Respecto a la causal invocada por el demandante, debe precisarse algunos conceptos normativos en torno al ámbito de competencia de la justicia laboral:
7.1 El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución consagra el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho atributo es una manifestación del derecho al “debido proceso legal” o lo que con más propiedad se denomina “tutela procesal efectiva”. Por su parte, el artículo 8.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (…)”.
7.2 El Tribunal Constitucional al referirse al contenido de este derecho ha indicado: “(…) este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea un juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión especial creada exprofesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional; y, en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, lo que comporta que dicha asignación debe haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y que tales reglas estén previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 139º inciso 3 y 106º de la Constitución (STC N.º 0290-2002-PHC/TC, fundamento 8).
7.3 Este derecho es de configuración legal por lo que corresponde al legislador crearlos, establecer los criterios de competencia judicial por medio de una ley orgánica, que concretice su contenido constitucionalmente protegido [STC Nº 01934-2003-HC/TC, fundamento 6].
7.4 Respecto a la competencia en el ámbito de la justicia laboral, la Ley 29497 ha definido los ámbitos en los que se proyecta la legitimidad de las actuaciones judiciales. Así, el artículo segundo del Título Preliminar de la mencionada norma procesal ha establecido que corresponde a la justicia laboral:
“(…) resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios”.
En este sentido, la competencia de los jueces laborales no se configura únicamente por materia, sino por relación, con lo cual se encuentran comprendidas dentro del ámbito competencial no sólo las prestaciones de carácter personal de naturaleza laboral, sino también las prestaciones formativas, cooperativistas o administrativas, estando excluidas las prestaciones civiles, salvo que estas hayan encubierto una relación de trabajo.
7.5 Por otro lado, la competencia de la justicia laboral abarca “todas las prestaciones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos originadas en una relación de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, en el acceso, desarrollo y en forma posterior a la prestación efectiva de servicios”, tal como lo desarrolla el artículo 2 de la Ley 29497, a saber:
Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo
Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos:
1.En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. (…)”

Con ello, la justicia laboral es una justicia holística siempre que se parta de un supuesto de prestación de servicios laboral, formativa, cooperativista o administrativa, incluyéndose como competencia aquellas relacionadas a la responsabilidad por daño patrimonial o extra patrimonial. Así, el literal b)  del artículo 2 de la Ley  29497 va a  disponer la competencia del Juez laboral para tramitar las pretensiones relacionadas a:
“(…)
b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio (…)”.

7.6 Resulta pertinente señalar que en el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral llevado a cabo los días cuatro y catorce de mayo de dos mil doce, en el literal a) de su Tema N° 02 acordó lo siguiente:
«Los Jueces que ejercen competencia en el marco de la Ley Procesal del Trabajo número 26636 y en la Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497, conocerán de las demandas de daños y perjuicios por responsabilidad contractual tanto por daño patrimonial, que abarca el lucro cesante y daño emergente, como por daño moral (…)».
Octavo: Análisis del caso en concreto
8.1 En el caso concreto, el demandante cesó en febrero de mil novecientos noventa y tres, objeto de un cese irregular, infracción que fue reconocida mediante Resolución Suprema N° 034-2004-TR, publicada en el diario oficial “El Peruano” el dos de octubre de dos mil cuatro, que aprobó la Lista de ex trabajadores que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente.  Siendo reincorporado el dos de noviembre de dos mil diez, mediante una acción de cumplimiento, de acuerdo a lo expuesto en el escrito de demanda, que corre en fojas que corre en fojas cincuenta y cinco a setenta. Asimismo, se debe precisar que el demandante fundamenta su pretensión, entre otros, bajo el argumento: “(…) No se me reincorporó en mi puesto de trabajo en su debido momento, (…) Se me ha asumido en una profunda preocupación al encontrarme sin un trabajo fijo y permanente, pese a que la ley me lo había concedido y había reconocido mi derecho a ser reincorporado”.
8.2 Conforme lo hemos precedentemente el Juez laboral es competente para resolver los conflictos jurídicos individuales, plurales o colectivos que se originen con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal laboral, formativa, cooperativista o administrativa, bajo el criterio de amplitud, esto es, en el acceso o con ocasión previa a la relación, en el desarrollo de la relación y en forma posterior a ella y en condición sustancial o conexo.
8.3 En el caso concreto, el demandante cesó en febrero de mil novecientos noventa y tres, objeto de un cese irregular, habiendo sido incluido en la Lista de Ex Trabajadores que deban ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, aprobado por Resolución Suprema N° 0034-2004-TR, publicada el dos de octubre del dos mil cuatro en el Diario Oficial El Peruano, en el que se le otorgaba el plazo de cinco días para optar por uno de los beneficios previstos en el artículo tres de la Ley N° 27803, siendo que el actor mediante Declaración Jurada de folio cuatro, comunicó expresamente a la autoridad competente su decisión de ser ‘reincorporado o su reubicación laboral’, en fecha once de octubre del dos mil cuatro.
8.4 En este punto es necesario puntualizar los siguientes hechos: a) El Estado Peruano reconoció que el cese del actor fue irregular, a través de la Resolución Suprema N° 0034-2004-TR; b) Le concedió el derecho a optar por cualquiera de los cuatro beneficios que señalaba la Ley; c) El actor optó por la reincorporación, con lo cual, manifiesta su intención de continuar laborando en la administración pública, a partir de ese momento tenía derecho a ser reincorporado, tanto más que tuvo que iniciar un proceso constitucional de cumplimiento a fin de que el Estado cumpla de modo forzado con reincorporarlo, proceso que concluyó declarando fundada la demanda, siendo repuesto en su centro de labores el dos de noviembre de dos mil diez, conforme se aprecia del Acta de Reincorporación de folios cincuenta.
8.5 En la Ley 27803, de fecha veintisiete de julio de dos mil dos, el Estado estableció que en caso el cesado de forma irregular opte por la reincorporación el Estado asume la obligación del pago de los aportes pensionarios al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, por el tiempo en que se extendió el cese del trabajador (artículo 13° de la Ley), de lo que se desprende que por voluntad del Estado, el tiempo entre el momento del cese irregular y la reincorporación efectiva del actor existió una relación laboral, a efectos del pago de los aportes pensionarios, con lo que existe una vinculación entre el trabajador y el empleador.
8.6 Ahora bien, la nueva relación no debe entenderse desde la reposición efectiva, sino en forma previa, desde que el actor optó por la reincorporación a su centro laboral, esto es, el once de octubre de dos mil cuatro. Tal conclusión encuentra sentido debido a que los trabajadores tienen derecho a partir de que se le reconoce el derecho, y no desde que cesa la afectación a su derecho, en tanto el derecho sustantivo preexiste al acto de restablecimiento.
8.7 En este orden de análisis, como puede apreciarse, el objeto de la demanda es la indemnización por la reincorporación tardía del actor a su puesto laboral, es decir, la naturaleza de la pretensión indemnizatoria es una de inejecución de obligaciones derivada de la relación laboral del actor con el Estado, y no extracontractual, por tanto, aun cuando el actor haya consignado en el escrito de demanda como indemnización por responsabilidad extracontractual, correspondía al Juez calificar desde el Derecho la demanda, a fin de dar el trámite que corresponda, y hacer efectivo los derechos sustanciales, en atención a lo dispuesto por el artículo VII del Código Procesal Civil, toda vez que sólo así se satisface el fin del proceso a que se refiere el artículo III del mismo cuerpo normativo.
Noveno: A lo antes mencionado se añade el hecho de que el conflicto jurídico sub examine es uno de naturaleza individual, y está referido a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. En efecto, previo a su reincorporación efectiva, y posteriores a su cese y al reconocimiento del carácter irregular del cese por parte del Estado.
Décimo: De lo expuesto, se concluye que la indemnización cuyo pago se solicita en el presente proceso, se encuentra dentro del ámbito de la justicia laboral; por lo tanto debe ser objeto de conocimiento de los juzgados especializados de trabajo; en consecuencia, al advertirse la infracción del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29497, por parte del Colegiado de mérito, la causal invocada deviene en fundada.
Por estas consideraciones:
MI VOTO, es porque SE DECLARE FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, Florentino Pacheco Canahuire, mediante escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince; en consecuencia SE DECLARE NULA la Sentencia de Vista de fecha ocho de mayo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos seis a trescientos trece; SE ORDENE que la Sala Superior renovando el acto procesal cumpla con emitir nueva sentencia, teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución; y SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido contra las codemandadas, Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA y Gobierno Regional de Arequipa, sobre indemnización de daños y perjuicios; y los devolvieron.
S.S.
ARIAS LAZARTE
BEG


[1] HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Manual de consulta rápida del proceso civil. 3 ed. Lima: Editorial Grijley, 2011, pp. 63.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO LAGOS DEL CAMPO VERSUS PERU


Audiencia Pública Caso Lagos del Campo Vs. Perú Parte 1 from CorteIDH on Vimeo.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA VERSUS PERU

Audiencia Pública. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Parte 1 from CorteIDH on Vimeo.

miércoles, 1 de febrero de 2017

bono por función jurisdiccional fijo, mensual y permanente debe ser tomado en cuenta para el calculo de la compensación por tiempo de servicios. Casación 1112-2014

Sumilla.- El recurrente ha venido percibiendo el Bono por función jurisdiccional de manera fija, mensual y permanente sujeto a los días laborados incluso durante su periodo vacacional o licencia con goce de haber, teniendo similares características a la remuneración al ser de su libre disposición, lo que guarda concordancia con el artículo 7º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por lo que dicho concepto debe ser tomado en cuenta para el cálculo de su compensación por tiempo de servicios, así como de otro concepto de la misma naturaleza, como es el caso de las asignaciones excepcionales que también forma parte del petitorio del actor.



CASACIÓN N° 1112-2014, LIMA


Lima, veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

VISTA

La causa número mil cientos doce, guion dos mil catorce, guion Lima, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia.

MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Carlos Alberto Tasayco Silva, mediante escrito de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos setenta y seis a trescientos uno; y, del demandado, Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante escrito de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos sesenta y seis, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos treinta y ocho a doscientos cincuenta, que confirmó en parte la Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha siete de junio de dos mil trece, que corre en fojas ciento cincuenta a ciento sesenta y ocho, que declaró fundada en parte la demanda, en el extremo que declaró la desnaturalización de los contratos de locación de servicios del periodo primero de agosto de mil novecientos noventa y siete al veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho; y consecuentemente la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado; ineficaces los contratos de trabajo sujetos a la modalidad de servicios específicos del periodo primero de julio de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de agosto de dos mil dos; ordenando el pago de siete mil cuatrocientos quince con 00/100 soles (S/. 7,415.00), más intereses legales laborales a liquidarse en ejecución de sentencia por concepto del Bono por función jurisdiccional.
Carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión subordinada de incumplimiento de normas laborales. REVOCANDO el extremo que declaró INFUNDADA la demanda, en los extremos que solicita reconocimiento de la naturaleza remunerativa del Bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales y su consecuente reintegro de la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones demandadas, y reformándola declararon fundada dicho extremo y ordena pagar al accionante por dicho concepto la suma de veinticuatro mil trescientos setenta y nueve y 26/100 soles (S/. 24,379.26); en el proceso seguido por Carlos Alberto Tasayco Silva, sobre desnaturalización de contrato y otros.

CAUSALES DEL RECURSO:



Por resolución de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y ocho a ciento cuarenta y uno del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por la parte demandante, por las siguientes causales: a)infracción normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú e b) inaplicación del artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; y por resolución de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta y cinco del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por la parte demandada, por las siguientes causales: a) inobservancia del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, b) aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 2º de la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 049-96-SE-TP-PJ y Resolución Administrativa Nº 193-99-SE-TP-CME-PJ; correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamientos de fondo sobre dichas causales.

CONSIDERANDO:


Primero: Vía judicial
En fojas cuarenta y seis a sesenta y dos, subsanada en fojas setenta y uno a ochenta y cinco, corre la demanda interpuesta por Carlos Alberto Tasayco Silvacontra el Poder Judicial, en la que postuló como pretensión la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y de servicio específico, reconocimiento en el cargo de Asistente de Juez, pago del Bono por función jurisdiccional como Técnico Judicial, reintegro de remuneraciones como Asistente de Juez, gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios como consecuencia del reintegro de remuneraciones y del carácter remunerativo de los bonos y asignaciones extraordinarias pagadas por la entidad demandada por la suma de noventa y seis mil trescientos cincuenta y siete con 50/100 nuevos soles (S/. 96,357.50). El Juez del Décimo Segundo Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Sentencia emitida el siete de junio de dos mil trece, que corre en fojas ciento cincuenta a ciento sesenta y ocho, declaró fundada en parte la demanda; por su parte, el Colegiado Unipersonal de la Cuarta Sala Laboral Permanente de la citada Corte Superior mediante Sentencia de Vista de fecha diecisiete de Octubre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos treinta y ocho a doscientos cincuenta, confirmó en parte la Sentencia apelada; revocando el extremo que declaró infundada el reconocimiento de la naturaleza remunerativa del Bono por función jurisdiccional y asignaciones excepcionales y su consecuente reintegro de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones, reformándola declararon fundada la demanda; y ordena el pago de veinticuatro mil trescientos setenta y nueve con 26/100 nuevos soles (S/. 24,379.26) por concepto de Bonificación por función jurisdiccional por el periodo de agosto de mil novecientos noventa y siete a octubre de dos mil dos, reintegro de vacaciones y gratificaciones, más los intereses legales correspondientes, los mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia, disponiendo que la demandada se constituya en depositaria obligatoria de la compensación por tiempo de servicios de siete mil novecientos catorce con 43/100 nuevos soles (S/.7,914.43), monto que deberá abonarse al término de la relación laboral, más intereses financieros.
Segundo: La infracción normativa.
La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.
Tercero: recurso de Casación de la parte demandante.
Conforme a las causales de casación declaradas procedentes en el auto calificatorio del recurso de fecha cuatro de julio de dos mil catorce; la presente resolución debe circunscribirse a delimitar en primer término, si se ha infringido el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, relacionado a la motivación de resolución. De advertirse la infracción normativa denunciada, corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución recurrida; de conformidad con el artículo 39º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 294971[1] ; en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por la recurrente, esta Sala Suprema procederá a emitir pronunciamiento sobre la causal de inaplicación del artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Cuarto: En el presente caso, la infracción normativa está referida a la vulneración de los incisos 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, que establecen lo siguiente: “5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”.
Quinto: Infracción a la debida motivación
Con respecto a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a)Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas,d) Motivación insuficiente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f)Motivaciones cualificadas.
Sexto: Sostiene la demandada que la Sala de Vista ha afectado el derecho al debido proceso, al haberse pronunciado respecto a argumentos que no han sido materia de sustento por las partes, no existiendo argumentos que permitan establecer de manera clara y concreta la fundabilidad de su pedido o por el contrario, de ser el caso, la falta de razón del mismo.
Sétimo: Conforme ha quedado determinado en las instancias de mérito, el recurrente tiene la condición de egresado de la universidad y por ello no cumple con el tener el perfil para desempeñar el cargo de Asistente de Juez que refiere venir desempeñando, pues es requisito contar con el título de abogado y colegiatura vigente con lo que no cuenta el recurrente tal como lo admite el recurrente en la audiencia de vista de causa, lo que se ha tenido en cuenta para resolver el presente proceso.
Octavo: Siendo ello así, se concluye que la decisión a la que arriba el Tribunal Unipersonal para confirmar la sentencia apelada, se encuentra sustentada con argumentos fácticos y de derecho, encontrándose la sentencia suficientemente motivada de acuerdo a ley, a los medios probatorios verificados en el expediente y circunscrita a los agravios denunciados por el recurrente en su recurso de apelación, por lo que la Sentencia recurrida no ha lesionado el contenido esencial de la garantía constitucional del derecho a la debida motivación, no ha vulnerado el principio de congruencia procesal, ni ha incurrido en causal alguna de nulidad; cumpliendo con los requisitos que prevén los incisos 3) y 4) del artículo 122º del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1º de la Ley Nº 27524 respectivamente; motivo por el cual la causal denunciada deviene en infundada, correspondiendo emitir pronunciamiento sobre la otra causal admitida.
Noveno: En cuando a la causal de inaplicación del artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, que establece: “Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad…”.
Décimo: Conforme se advierte de los actuados, el proceso se ha desarrollado, respetando el principio de igualdad, tal como lo establece el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, sujetándose al mérito de lo actuado, no evidenciándose de manera alguna que la conducta del magistrado haya infraccionado la norma denunciada, por lo que la misma deviene en infundada.
Décimo Primero: Recurso de casación de la parte demandada
Conforme a las causales de casación declaradas procedentes en el auto calificatorio del recurso de fecha cuatro de julio de dos mil catorce; la presente resolución debe circunscribirse a delimitar en primer término, si se ha infringido los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, relacionados a la observancia del debido proceso y motivación de resolución conforme se ha expuesto en los fundamentos del recurso. De advertirse la infracción normativa denunciada, corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución recurrida; de conformidad con el artículo 39º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 294972[2] ; en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por la recurrente, esta Sala Suprema procederá a emitir pronunciamiento sobre las demás causales declararas procedentes.
Décimo Segundo: En relación a la infracción normativa referida a la vulneración de inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú ya se ha hecho referencia a ésta causal en el quinto considerando de la presente resolución.
Décimo Tercero: Infracción del debido proceso
Con respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, están necesariamente comprendidos los siguientes: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o material.
Décimo Cuarto: Sobre la infracción a la debida motivación
Sostiene la demandada que la Sala Superior ha afectado el derecho al debido proceso, pues no obstante discutirse pretensiones cuantificables y no cuantificables, la causa ha sido resuelta por un colegiado unipersonal cuando correspondía emitir pronunciamiento el pleno del colegiado superior, tal como lo señala la Resolución Administrativa Nº 182-2010-CE-PJ.
Décimo Quinto: Efectivamente, según se advierte de la demanda, las pretensiones invocadas por el actor, están referidas, a la desnaturalización del contrato de locación de servicios y al pago de beneficios económicos, esto es, estamos frente a pretensiones cuantificables y no cuantificables.
Décimo Sexto: Sin embargo, debe tenerse presente también que a través del II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral, de cumplimiento obligatorio en todas las instancias judiciales, conforme a lo previsto por el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó respecto a la competencia del tribunal unipersonal, que estos pueden conocer de los recursos de apelación en causas cuya cuantía reconocida en la sentencia no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) aun cuando exista también reconocimiento de una pretensión no cuantificable.
Décimo Séptimo: Siendo ello así, se concluye que la sentencia apelada, se encuentra sustentada con argumentos fácticos y de derecho, encontrándose la sentencia suficientemente motivada de acuerdo a ley, a los medios probatorios verificados en el expediente y circunscrita a los agravios denunciados por la recurrente en su recurso de apelación, por lo que la Sentencia recurrida no ha lesionado el contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso ni de motivación de resolución, no ha vulnerado el principio de congruencia procesal, ni ha incurrido en causal alguna de nulidad; cumpliendo con los requisitos que prevén el inciso 6) del artículo 50º, último párrafo del artículo 121º y los incisos 3) y 4) del artículo 122º del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1º de la Ley Nº 27524 respectivamente; motivo por el cual la causal denunciada deviene en infundada.
Décimo Octavo: El artículo 2º de la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 049-96-SE-TP-CME-PJ, establece lo siguiente: “Artículo 2º.- La Bonificación por Función Jurisdiccional no tiene carácter pensionable y se afectará a la Asignación Específica 04.16 otras, con cargo a la fuente ingresos propios del pliego Poder Judicial y será otorgada a partir de enero de 1996…”. La Resolución Administrativa Nº 193-99-SE-TP-CME-PJ, que aprueba el “Reglamento para el Otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional para el personal del Poder Judicial”, precisa: “Artículo 2º.- Otorgar, la Bonificación por Función Jurisdiccional a favor de: b) Técnicos, Auxiliares Jurisdiccionales y Personal Administrativo en actividad de carácter permanente, cualquiera que sea el Régimen Legal que regule su situación Laboral. Se excluye el personal contratado a plazo fijo”.
Décimo Noveno: Reconocimiento constitucional respecto al derecho a la remuneración y al principio de igualdad. Antes del análisis de la infracción denunciada debemos tener en cuenta que la Constitución Política del Perú, establece en el inciso 2) del artículo 2º que: “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley.” En el artículo 24º señala que: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual (…)”. Y en el inciso 1) del artículo 26º establece los principios que regulan la relación laboral, como a la “igualdad de oportunidades sin discriminación”. Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23º, numeral 3), establece: “3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. Asimismo, la Recomendación 111 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), relativa a la Discriminación en materia de empleo y ocupación, prevista en su artículo 2º, literal b) apartado v) precisa: “(…) b) todas las personas, sin discriminación, deberían gozar de igualdad de oportunidades y de trato en relación con las cuestiones siguientes: v) remuneración por un trabajo de igual valor”.
Vigésimo: Reconocimiento legal del Bono por función jurisdiccional
La Ley Nº 26553, Ley de Presupuesto del Sector Público del año mil novecientos noventa y seis, mediante su Décima Primera Disposición Transitoria y Final, exceptuó al Poder Judicial de lo dispuesto en el artículo 24º de la citada Ley (en cuanto constituyen recursos del Tesoro Público las recaudaciones de las entidades del Estado), con referencia a la percepción por tasas, aranceles y multas judiciales y otros, acotando que la distribución de los ingresos mencionados, se hará de la siguiente manera: “Hasta 70% como bonificaciones por función jurisdiccional, para Magistrados activos hasta el nivel de Vocal Superior, Auxiliares Jurisdiccionales activos y Personal Administrativo activo (…)”. Mediante Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 049-96-SE-TP-CME-PJ, regula el carácter no pensionable del bono por función jurisdiccional. Con la Resolución Administrativa Nº 209-96-SE-TPCME-PJ se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento de la Bonificación por Función Jurisdiccional a Magistrados del Poder Judicial, luego mediante Resolución Administrativa Nº 381-96-SETP-CME-PJ de fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y seis, precisó en su artículo primero que: “La Bonificación por Función Jurisdiccional se otorga para estimular y compensar la función jurisdiccional, productividad y otras variables de carácter funcional a favor del personal de Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y Personal Administrativo”. Posteriormente se dieron sucesivas Resoluciones Administrativas como las de Nº 431-96-SE-TP-CME-PJ de fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 099-97-SE-TP-CME-PJ de fecha veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y siete, 193-99-SETP-CME-PJ de fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, Nº 029-2001-P-CE/PJ del siete de mayo de dos mil uno y Resolución Administrativa Nº 191-2006-P/PJ, las mismas que establecen los montos del bono según los cargos. Por Resolución Administrativa Nº 305-2011-P/PJ de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, en la actualidad se regula el otorgamiento de este beneficio al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.
Vigésimo Primero: Análisis del caso en concreto.
La entidad demandada sostiene que la Sala Superior no ha tomado en cuenta que la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 049-96-SE-TP-CME-PJ y la Resolución Administrativa Nº 193-99-SE-TP-CME-PJ señalan que el bono jurisdiccional no es pensionable por lo tanto no tiene carácter remunerativo.
Vigésimo Segundo: En principio debemos decir que la controversia respecto al tipo de contratación del actor ha quedado debidamente determinada en las instancias de mérito las que han concluido que el accionante se ha encontrado sujeta a un contrato de trabajo a plazo indeterminado desde el uno de agosto de mil novecientos noventa y siete al veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho. Por otro lado, la Décimo Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 26553, Ley de Presupuesto del Sector Público del año mil novecientos noventa y seis, que crea la Bonificación por Función Jurisdiccional para auxiliares jurisdiccionales activos y personal administrativo activo, no establece distingo alguno para la percepción de este beneficio, esto es que el servidor judicial o administrativo se encuentre bajo un contrato de trabajo a plazo indeterminado como tampoco se remite al tiempo de servicios requerido para su otorgamiento; es más, el artículo 79º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, establece que los trabajadores contratados sujetos a modalidad tienen derecho a percibir los mismos beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato de duración indeterminada. Razonar en sentido contrario infringiría el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política del Perú. Si bien la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 049-96-SE-TP-PJ, establece el carácter no pensionable de la Bonificación por Función Jurisdiccional, cierto es también que conforme a las boletas de pago en fojas seis, ocho, diez y doce, la recurrente ha venido percibiendo dicho concepto de manera fija, mensual y permanente, teniendo similares características a la remuneración al ser de su libre disposición, lo que guarda concordancia con el artículo 7º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por lo que dicho concepto debe ser tomado en cuenta para el cálculo de su compensación por tiempo de servicios, así como de otro concepto de la misma naturaleza, como es el caso de las asignaciones excepcionales que también forma parte del petitorio del actor.
Por las consideraciones expuestas:

FALLO:


A) Declararon INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el demandante, Carlos Alberto Tasayco Silva y el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante escritos de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece; en consecuencia,
B) NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos treinta y ocho a doscientos cincuenta;
C) ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en el proceso seguido por Carlos Alberto Tasayco Silva, contra el Poder Judicial sobre desnaturalización de contrato y otros; interviniendo como ponente la señora juez supremo De La Rosa Bedriñana y los devolvieron.

SS.  
YRIVARREN FALLAQUE
CHAVES ZAPATER
ARIAS LAZARTE
DE LA ROSA BEDRIÑANA
MALCA GUAYLUPO


[1] Ley  Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.
[2] Ley  Nº 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.